Ecos de la guerra sucia en Anatolia [GARA]

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Esta fotografía ha sido extraída de la publicación GARA

El creciente clima de impunidad, la debilidad en el aparato de Seguridad y el aumento de los ataques del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el Estado Islámico podrían llevar al Ejecutivo a decantarse por una radicalización del conflicto en Kurdistán Norte.

La creciente tensión que envuelve a Anatolia, con una atmósfera de impunidad y polarización y un Gobierno neurótico, con demasiados enemigos y obcecado en el sistema presidencialista, está dibujando un panorama nada halagüeño para las minorías del país. En este escenario, propicio para un repunte de la violencia y un descenso de los derechos humanos, los grupos armados que buscan derrocar al Partido Justicia y Desarrollo (AKP) están aumentando su presión sobre el Ejecutivo y, con independencia del rédito electoral de la violencia, los islamistas tienen que dar con la fórmula para contrarrestar los atentados del Estado Islámico (ISIS) y el PKK. Y sus escasas opciones, mermadas por la negativa a retomar el proceso de paz kurdo y por la evidenciada debilidad del aparato de Seguridad, podrían provocar un incremento de la guerra sucia en Kurdistán Norte.

Desde 1960 la guerra sucia ha sido usada en Anatolia para debilitar a comunistas y voces críticas, aunque su culmen llegó en la lucha contra los kurdos en los años 90. Entonces el Estado, para enfrentarse al PKK, azuzó el paramilitarismo del Jitem –el servicio de inteligencia de la Gendarmería–, potenció el sistema de korucu –kurdos contratados en regiones remotas de Kurdistán Norte para luchar contra el PKK– y utilizó al grupo yihadista kurdo-suní Hizbulah. Entre 1991 y 1995 la lucha dejó más de un millar de muertos, civiles incluidos, y centenares de desaparecidos. Un lustro después la táctica se demostraría errónea y Hizbulah comenzó a mata a gente ajena al PKK y los jóvenes kurdos, testigos de la represión, emprendieron el camino a Qandil.

El Estado reaccionó purgando oscuras figuras del Jitem, encarcelando a la mayoría de los miembros de Hizbulah y matando a su líder, Hüseyin Velioglu. El entonces opositor Erdogan llevaba una década denunciando la impunidad y cuando obtuvo el poder, gracias en parte al apoyo kurdo, suavizó la guerra sucia y no evitó los juicios contra miembros del Jitem. Esta dinámica, que el sociólogo Baris Tugrul define como la «época de la relajación», continuó hasta 2015, cuando comenzó la presión judicial contra el movimiento kurdo: el Ejecutivo descongeló los juicios del KCK, encarceló a políticos y cerró las organizaciones surgidas bajo el manto democrático islamista.

Tugrul, experto de la Universidad Hacettepe, sostiene que «el AKP, sin llegar a la represión de los 90, está reproduciendo esa época de forma controlada. Está mirando el conflicto con los mismos ojos y conoce las consecuencias. Para acabar con el PKK hay que apostar por el desarrollo económico y no la guerra sucia, porque con el desarrollo se consiguen instrumentos para aislar a la gente de su influencia».

Hizbulah y PKK

Ahora Erdogan no es aquel líder que empujaba al país hacia la democracia y la «Nueva Turquía» se parece cada vez más a la antigua. La impunidad, característica en la guerra sucia, sigue en alza, y el presidente incita a la movilización popular, pide a los muhtar –líderes locales– y ciudadanos que denuncien a los «terroristas» y reclama a las fuerzas de seguridad usar los poderes otorgados, entre ellos una ley de Inmunidad. En esta vuelta al pasado, el presidente, que tiene que apuntalar el destartalado aparato de Seguridad, consecuencia de la purga antigülenista, podría apostar por una radicalización de la guerra sucia desencadenando enfrentamientos entre grupos islamistas y simpatizantes del PKK.

En los últimos dos años, varios sucesos han sugerido que algún actor relacionado con el conflicto kurdo pretende recuperar esta lucha. En el marco de las protestas por Kobane de octubre de 2014 los enfrentamientos entre simpatizantes del PKK y Hüda-Par, la rama política de Hizbulah, dejaron 50 muertos en Kurdistán Norte. El 5 de junio de 2015 explotó una bomba en el mitin del HDP en Diyarbakir y cuatro días después Aytaç Baran, miembro de Hüda-Par, resultó muerto en atentado.

Estos ataques hicieron temer la vuelta a la lucha de dos enemigos irreconciliables. Pero Hizbulah, pese a culpar al PKK, no respondió; y el PKK, que no comenzó una lucha, culpó al Estado. Ahmet Yayla, subdirector del Center for the Study of Violent Extremism, explica que «Hizbulah ya no tiene la fuerza para contrarrestar con las armas al PKK y no quiere repetir la lucha de los años 90». Hisyar Özsoy, diputado del HDP, considera que «Hizbulah se unió al AKP en el ámbito político al no concurrir a las elecciones de noviembre y, dependiendo de las circunstancias, podría cambiar de actitud y llegar a matar a los kurdos si se tensa la situación».

Los altercados se diluyeron por la posición de las partes, conscientes de que podría ser una provocación. «Selahattin Demirtas es inteligente y ha sabido controlar a su gente», apunta Yayla. «Hay muchos grupos islamistas agresivos con los kurdos. Antes era Hizbulah y ahora el ISIS, pero sabemos que estos movimientos son una provocación», añade Özsoy, oriundo de Bingöl, región clave en la contrainsurgencia estatal.

El Estado profundo

La guerra sucia tiene entre sus tácticas la provocación. Tras estos sucesos llegó la masacre de Suruç, que desencadenó la ruptura del proceso de paz después de que el PKK matara a dos policías como represalia por la supuesta connivencia del Estado. Se asumió que el ISIS dirigió el atentado, aunque nunca reclamó la autoría. De nuevo el año pasado supuestamente golpearon a los kurdos, esta vez con un atentado en una boda en Gaziantep. Ataques que para Yayla, que fue durante 20 años jefe local de la policía «antiterrorista», buscan «el levantamiento de los kurdos para crear una lucha que polarice el país y ayude a los deseos presidencialistas de Erdogan». Descifrar qué parcelas del Estado controla qué grupo extraoficial es complejo, y por lo tanto no se puede acusar a Erdogan de querer incitar esta lucha. Pero el expresidente Süleyman Demiral reconoció en 1999 que «algunas fuerzas pertenecientes al Estado» tenían lazos con Hizbullah. Esos lazos sugieren tres actores, Gobierno, Estado profundo e Inteligencia (MIT), que podrían o no compartir objetivos.

El actor enigmático, y del que se dice que incluso tiene la capacidad de alterar el rumbo del Gobierno y colaborar con otros países y cuya cara pública es Dogu Perinçek, un antiguo comunista que pasó a nacionalista y que ahora coquetea con Erdogan, es el Estado profundo.

Baris Tugrul explica que «nadie lo conoce a la perfección, pero es un poder de facto dedicado a todo tipo de ilegalidades: tráfico de drogas, asesinatos selectivos, agentes infiltrados». Para reflejar la relación con el Estado ejemplifica varios casos de los años 90: el del miembro del Jitem Yesil –Verde, en turco–, condenando por tortura y asesinato y hoy en paradero desconocido; el accidente de tráfico de 1996 en Susurluk, en el que se encontraban en el mismo coche un político, un jefe de policía y el mafioso Abdullah Çatli; y los conocidos lazos del marido de la exprimera ministra Tansu Çiller con el Estado profundo.

Tugrul subraya que «el Estado profundo tenía en los años 90 más poder que el Gobierno, pero ambos colaboraban. Los gobiernos en minoría –característicos de los 90– favorecían su influencia y cuando llegó Erdogan con sus mayorías electorales enderezó un poco su control». Puede que la muerte del periodista armenio Hrant Dink en 2007 fuera uno de los últimos coletazos independientes del Estado profundo al igual que la muerte de las tres activistas kurdas en París, en 2013, pudo reflejar el poder gülenista en el MIT y su lucha intestina con el AKP.

Con el refuerzo del apoyo popular, Erdogan reemplazó los estandartes de la guerra sucia y redujo la presión militar sobre el pueblo kurdo. Pero hoy, con la paz enterrada, de nuevo se observan actores con tonos extraoficiales: ya no se habla de Abdullah Çatli pero sí de Sedat Peker, otro mafioso ultranacionalista que amenaza a los académicos con bañarse en su sangre, y el Jitem, que opera en la legalidad dentro de la Gendarmería, ha sido sustituido por las fuerzas antiterroristas «Özel Timi», que dejan pintadas intimidatorias en las ciudades kurdas y han sido acusadas de violar los derechos básicos.

Hisyar Özsoy asegura que Estado profundo, Gobierno y MIT son un mismo actor: «Se relacionan para justificar las ilegalidades contra los kurdos». Tugrul, cuyos estudios se centran en una comparación de los efectos generacionales de los conflictos en Kurdistán y Euskal Herria, remarca la violencia simbólica y la física, la gestión del miedo y los efectos de la guerra sucia. «Siempre ha existido una violencia simbólica, que encuentra su raíz en la opresión cultural y que el AKP redujo y ahora volvemos a ver. Y una violencia militar a partir de 1960, cuando una nueva generación terminó con el silencio de 20 años que siguió a la masacre de Dersim de 1938. Un proceso parecido al que vivió Euskal Herria al comenzar la dictadura de Franco».

Sin poder expresar sus reclamaciones por la vía política, en 1984 el PKK se decantó por la lucha armada como forma de liberación. Tugrul, quien reconoce brutalidades en los marxistas, asegura que desde entonces no se ha producido una ruptura generacional. «El proceso de paz podría haber creado una brecha hacia lo político, pero no ha funcionado. Hasta la llegada del PKK los kurdos veían imposible enfrentarse al Estado. En los años 90 se dieron cuenta de que sí lo era. Entonces el Estado desencadenó una violencia indiscriminada. Gestionaba el miedo e implementaba la política de tierra quemada para desvincular a la población del PKK y deslegitimar su lucha. Esto incrementó la indignación social y el resultado no fue el deseado: quienes presenciaron la violencia se unieron al PKK».

Fuente: GARA

Autoría: Miguel Fernández Ibáñez

Fecha de publicación del original: 28/01/2017

 

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