Destrucción y violación de derechos humanos en el sureste de Turquía

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Todas las imágenes han sido extraídas de Kedistan

Un informe sobre la destrucción masiva y violaciones graves de los derechos humanos en el sudeste de Turquía acaba de ser publicado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH).

Publicamos aquí el preámbulo de forma resumida en castellano (traducido del francés), seguido por el informe completo en inglés.

Nos parece importante informar a todos del informe, si bien incompleto, ya que la comisión no ha podido trabajar con total libertad. Múltiples solicitudes fueron dirigidas al ACNUDH para que realizase la investigación por parte de la oposición democrática, así como de los representantes elegidos por los movimientos kurdos locales de Bakur.

Un informe de la ONU constata la destrucción masiva y graves violaciones de los derechos humanos en el sureste de Turquía desde julio de 2015

GINEBRA (10 de marzo 2017) – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó el pasado viernes un informe en el que informa de las acusaciones de destrucción masiva, asesinatos y muchas otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el sureste de Turquía entre julio de 2015 y diciembre de 2016, en paralelo con las operaciones de las fuerzas de seguridad gubernamentales en más de 30 ciudades y distritos, durante las cuales se han visto desplazadas entre 355.000 y medio millón de personas, la mayoría de origen kurdo.

El informe describe en detalle la destrucción de la ciudad de Nusaybin, en la provincia de Mardin, donde 1.786 edificios han sido demolidos o gravemente dañados, y el distrito histórico de Sur, Diyarbakir, donde las autoridades locales estiman que el 70 por ciento de los edificios de la zona oriental han sido blanco de bombardeos de forma sistemática.

Aparentemente, la destrucción ha continuado tras la finalización de las operaciones de seguridad, para culminar en agosto de 2016. Las imágenes de satélite antes y después de la intervención de las fuerzas del gobierno muestran que algunas áreas de Nusaybin y Sur han quedado completamente arrasadas.

En su informe, el ACNUDH se muestra “especialmente preocupado por las imágenes tomadas por los satélites, que muestran la destrucción a gran escala de edificios residenciales por bombardeos de artillería pesada”.

También se observan daños significativos en otras ciudades, especialmente en Cizre, en la provincia de Sirnak, donde testigos y familiares de víctimas “han dibujado un cuadro apocalíptico de la destrucción completa de los barrios”, donde, al inicio de 2016, no menos de 189 hombres, mujeres y niños vivieron escondidos en sótanos, sin agua, electricidad, alimentos o atención médica durante semanas antes de perecer en incendios provocados por los bombardeos.

“La demolición posterior de los edificios destruyó todas las pruebas y en gran medida ha obstaculizado la búsqueda e identificación de cadáveres, según el informe. Además, en lugar de abrir una investigación sobre las circunstancias que rodearon el uso excesivo de la fuerza, el uso de armas pesadas y las muertes resultantes, las autoridades locales acusaron a las víctimas de participación en una organización terrorista y tomaron medidas represivas contra los miembros de sus familias”.

El informe describe cómo el ministerio público invitó a la familia de una mujer que murió en el bombardeo “a venir a recuperar sus restos, que consistían en tres pequeños trozos de carne quemada, identificados a través de una prueba de ADN. La familia no recibió ninguna explicación sobre las circunstancias de la muerte, ni informe de la autopsia. La hermana de la víctima, que pidió que los responsables de su muerte fueran procesados y quería iniciar una demanda, fue acusada de terrorismo”.

El informe también cita la información recibida del gobierno central de Turquía, que indica que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que Ankara considera una organización terrorista, “ha llevado a cabo varios ataques violentos que resultaron en la muerte o lesiones de miembros de las fuerzas de seguridad turcas y de otras personas. Según el gobierno, el PKK también ha sido culpable de secuestros, incluso de niños; ha cavado trincheras y establecido puntos de control en las ciudades; e impidió la intervención de los servicios de emergencia”.

El ACNUDH intentó sin éxito durante casi un año el acceso a las zonas afectadas por estos eventos para investigar independientemente las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos. El informe -el primero de una serie- se basa por tanto en el control a distancia y utiliza fuentes públicas y privadas, imágenes de satélite y entrevistas para recopilar información sobre la conducta y el impacto de las operaciones de seguridad en el sureste del país.

El informe también denuncia actos de tortura, desapariciones arbitrarias, incitación al odio, obstrucción del acceso a la atención médica de emergencia, alimentos, agua y medios de subsistencia, así como violencia contra las mujeres, y expresa la preocupación del ACNUDH “en cuanto a la política de expropiación que siguió a las operaciones de seguridad”, citando varios ejemplos, incluyendo la decisión del Consejo de Ministros, en marzo de 2016, que dio lugar a la expropiación de casi el 100% de las parcelas del barrio de Sur.

Las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia tras el intento de golpe de julio de 2016, incluyendo el despido de más de 100.000 trabajadores de los sectores público y privado durante el período cubierto por el informe, han tenido un impacto significativo sobre la situación de los derechos humanos en el sudeste de Turquía. Unos 10.000 maestros fueron despedidos, sin más preámbulos, por presuntos vínculos con el PKK. El uso de la legislación antiterrorista para despedir a los representantes de origen kurdo elegidos democráticamente, el constante acoso a periodistas independientes, el cierre de asociaciones civiles y medios de comunicación independientes en lengua kurda, y la suspensión masiva de jueces y fiscales han debilitado el control democrático y socavado la protección de los derechos fundamentales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, reconoce la complejidad de los problemas que ha enfrentado Turquía para contrarrestar el intento de golpe en julio de 2016 y responder a los ataques terroristas de los últimos meses, pero considera que el deterioro, en apariencia grave, de la situación de los derechos humanos en este país es un motivo de preocupación y sólo puede atizar las tensiones y alimentar la inestabilidad.

“Estoy especialmente preocupado por los indicios de que no se haya llevado a cabo ninguna investigación creíble sobre cientos de homicidios ilegítimos, entre ellos de mujeres y niños, cometidos entre finales de julio de 2015 y finales de agosto de 2016”, ha declarado. “Parece que ningún sospechoso ha sido detenido y nadie ha sido procesado.”

“El gobierno turco no nos dio acceso a la zona y se opone a la veracidad de los cargos graves transmitidos en el informe. Precisamente, la gravedad de los cargos, la magnitud de la destrucción y el desplazamiento de más de 355.000 personas muestran que una investigación independiente es urgente y esencial.”

Puedes leer el informe completo en inglés aquí

Fotos tomadas desde satélite del alcance de las destrucciones:

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Fuente: Kedistan

Fecha de publicación del original: 10/03/2017

Traducido por Rojava Azadî

 

 

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